El juez del caso Volhov ha abierto una pieza separada sobre la supuesta injerencia rusa en el procés en la que implica, entre otros, a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, por los delitos de traición y malversación. El auto, al que ha tenido acceso EFE, llega con la ley de amnistía ya en vigor.
La Audiencia de Barcelona, en una resolución del pasado 4 de junio, impidió al juez del caso, Joaquín Aguirre, seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia para buscar apoyos para el procés. Esto tuvo lugar pocos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía y la causa apuntaba directamente a Puigdemont por un delito de traición.
En esta pieza separada abierta ahora por Aguirre, también relativa a estas conexiones del independentismo con Rusia, el juez implica, además de a Puigdemont y Mas, a la exalto cargo del Govern Elsa Artadi, así como al diputado de Junts Francesc Dalmases y al abogado Gonzalo Boye, entre otros 11.
Tanto Puigdemont como Dalmases son diputados y, por tanto, aforados, por lo que el juez no les puede imputar. Así, Aguirre ha anunciado que cuando concluya la «parte esencial» de la instrucción de esta pieza separada elevará una exposición razonada para que el «órgano superior competente» les investigue.
Sortear la orden de la Audiencia de Barcelona
Para poder sortear la orden de la Audiencia de Barcelona de paralizar la investigación de la trama rusa, el magistrado ha decidido abrir una nueva pieza separada a partir de la única que le queda abierta de la macroinvestigación de Volhov, como recoge la citada agencia. Esta trata el supuesto desvío de fondos a entidades afines de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Fue en el marco de esta causa cuando interceptaron una conversación del exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas. En ella, hablaba de «10.000 soldados rusos» para apoyar a los independentistas catalanes, así como de que Rusia también estaba dispuesta a ayudar en materia financiera a una eventual Cataluña independendiente.
El juez considera que los «hallazgos» obtenidos durante la investigación de las actividades de Terradellas han llegado a un «gran volumen». Esto ha permitido, a su vez, constatar la participación de otras personas en una trama para conseguir «ayuda financiera de China», así como la colaboración de ciudadanos rusos «cercanos al Gobierno».
Imputación de Mas
El juez ha justificado la imputación de Mas asegurando que este mantuvo a Terradellas como secretario de relaciones internacionales de CDC. En este sentido, añade que la «intensa línea de trabajo» de este para lograr contactos «al más alto nivel posible en el gobierno ruso no se puede comprender sin el conocimiento y anuencia de los respectivos líderes políticos», primero Mas y luego Puigdemont.
Tanto Mas como Puigdemont, indica Aguirre, «tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos, disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al Estado español al que representaban».
«No parece necesario pensar que Mas o Puigdemont tuvieran que autorizar cada acción de ámbito internacional de sus directivos, pues se trataba de personas de su máxima confianza, en puestos de primer nivel, con autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos» para conseguir apoyo internacional.